Diputados aprueban minuta sobre búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas; se crea la CURP con datos biométricos

Con 417 votos a favor y 60 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que modifica disposiciones de la Ley General en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Entre sus reformas se crea la Plataforma Única de Identidad como herramienta de consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población. Según la diputada morenista Flor de María Esponda Torres, dicha plataforma reconectará registros únicos y privados, incluyendo datos biométricos, con el objetivo de permitir la búsqueda en tiempo real de personas desaparecidas. 

“Se permitirá el monitoreo inmediato de la CURP, ahora con datos biométricos, para actuar desde las primeras horas desde que se reporte una desaparición”, dijo la diputada mientras negaba que esto es un mecanismo de espionaje.

Quienes utilicen la Plataforma Única de Identidad y la información generada por ella con fines distintos a los establecidos en la Ley serán sancionado con multas que van de los 10 mil a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Por otro lado, se contempla la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que concentrará los datos de todas las investigaciones en el país.

Se establece la activación inmediata de la Alerta para la búsqueda, localización e identificación en el momento en que se reporte una desaparición. Esta alerta deberá establecer mecanismos para su activación y operación, asegurando la coordinación efectiva con las autoridades federales y locales, así como las obligaciones específicas de las instituciones competentes.

También se obliga a las fiscalías de México contar con unidades especializadas en desaparición, delitos cibernéticos, análisis de contexto y atención a las víctimas.

Otro de los puntos que resaltan es la implementación de mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras entidades públicas y privadas para el acceso de información clave. Además, se contemplan nuevas sanciones para quienes obstaculicen la entrega de datos.